En un giro dramático dentro del planeta empresarial, la entidad de capital privado JZ International ha intensificado sus acciones legales contra los fundadores de Gedesco, una compañía experta en la financiación de pequeñas y medianas empresasundefined ), acusándolos de malversación de fondos para beneficio personal. Esta acusación se enfoca en Antonio Aynat y Francisco Javier García Escrivá, desarolladores de Gedesco, así como en los exejecutivos del fondo de inversión Miguel Rueda y Ole Groth, quienes han tomado las bridas de la gestión de la firma valenciana una vez que JZI adquiriera el 675% de sus acciones en 2007. Este conflicto legal, que se originó en marzo de 2022 con una demanda en Nueva York contra Rueda y Groth por desviar supuestamente 80 millones de euros a Stator Management, una entidad estrechamente enlazada a ellos, ha escalado con la presentación de una exclusiva querella en Valencia por una variedad de delitos introduciendo administración desleal y estafa.
Esta segunda demanda, que también implica a José Luis Villafranca, actual miembro del consejo de Gedesco, y a tres compañías bajo la propiedad de los acusados, se apoya en acusaciones de utilizar la estructura de Gedesco en beneficio propio y de obstruir el ejercicio de los derechos de JZI como accionista mayoritario. La demanda detalla de qué forma, pese a la disfunción del Consejo de Administración de Gedesco por carecer de integrantes, los acusados prosiguieron tomando decisiones importantes, bloqueando ciertamente a JZI de formar parte en la gestión de la compañía. Las peticiones de JZI para convocar a la Junta de Accionistas y cesar a estos ejecutivos han sido sistemáticamente frustradas, con la junta suspendida en siete ocasiones.
Este enfrentamiento no solo se extiende por dos jurisdicciones, con pleitos tanto en USA como en España, sino que asimismo revela una trama complicada de disputas legales que incluye acusaciones contra los asociados fundadores de JZ International por otros frentes judiciales en Más información España relacionados con la financiación de la fallida compañía de seguridad Ombuds. La decisión de un juez en La capital de españa de mover uno de estos casos a Valencia y el posterior archivo de la causa por falta de indicios de delito añade otra capa a este entramado legal.
Esta situación ilustra no solo las complejidades de las relaciones entre inversores y directivos dentro del planeta corporativo, sino más bien asimismo las dificultades inherentes a la resolución de disputas transfronterizas en el ámbito del derecho empresarial. La situación en Gedesco pone de manifiesto los retos que combaten los inversores para proteger sus intereses y la relevancia de una administración transparente y ética en las compañías..